Minería y autodeterminación

Un articulo en la CoLatina acerca de la mineria metalica

En los próximos días el Estado salvadoreño deberá presentarse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) para enfrentar una demanda en su contra, interpuesta por la empresa canadiense Pacific Rim. Ésta le exige una indemnización de $77 millones por negarle los permisos de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro (Cabañas).

No figura en la agenda mediática, ni el nuevo gobierno ha sentado postura; pero el caso es grave y amerita un debate profundo sobre las implicaciones de un posible fallo favorable a Pacific Rim, cuyo ejemplo ya siguen otras compañías afectadas por el rechazo salvadoreño a las minas. ¿Qué hará el país con una avalancha de demandas por $100 millones, 300 millones, etc.?

Pacific Rim se acoge a disposiciones oscuras del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), principalmente las contenidas en los capítulos de Inversiones (Art. 10) y Solución de controversias (Art. 20). Éstas –en la práctica– prohíben a los Estados defender los intereses nacionales.

Favorecen a Pacific Rim el ambiguo concepto de inversión, el malévolo principio de expropiación indirecta y la activación de mecanismos de arbitraje planteados en el CAFTA, entre éstos el del CIADI. Éste es un tribunal corporativo, adscrito al Banco Mundial, que casi siempre condena a los gobiernos (excepto el estadounidense) y favorece a las transnacionales.

Según el CAFTA, expropiación indirecta es toda acción u omisión gubernamental que afecte las posibles ganancias de las empresas. En ese sentido, la negación de las licencias a Pacific Rim constituye un acto de “expropiación indirecta” del Estado salvadoreño, por tanto, podría ser condenado a indemnizar a la minera canadiense y obligado a otorgarle el permiso.

Con sobrada razón, los opositores al CAFTA advertían la grave amenaza a la soberanía nacional y la violación al derecho a la autodeterminación del pueblo salvadoreño. ¿O acaso El Salvado no tiene derecho a rechazar proyectos mineros que contaminarían el medioambiente (agua, aire y suelo) y pondrían en gran peligro la continuidad de la existencia humana?

La demanda de Pacific Rim es motivo de alarma nacional. El Parlamento debe aprobar de inmediato una ley que prohíba la minería metálica y el Ejecutivo –aliado con la sociedad civil– prepararse para defender los intereses del país, apelando al principio de soberanía nacional, derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la defensa de la vida.

El Estado salvadoreño podría acogerse a algunas cláusulas del mismo CAFTA, sobre todo las referidas al Medioambiente (Art. 17). Pero esto sería intrascendente, si el CIADI carga sus dados hacia las corporaciones. Lo necesario es, entonces, platear la derogación del CAFTA o –al menos– la reforma a sus disposiciones más dañinas a los intereses nacionales.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.